La carta dirigida por el Frente Polisario a la Asmablea General y al Consejo de Seguridad puede leerse a continuación o descargarse aquí:

Carta del Frente Polisario al Consejo de Seguridad, abril de 2009 (39 KB)

Carta de fecha 8 de abril de 2009 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el representante del Frente Polisario

En nombre del Frente Polisario...

En nombre del Frente Polisario, quiero señalar a su atención el saqueo sistemático y constante de los recursos naturales del Sáhara Occidental por el Reino de Marruecos y la cooperación de intereses extranjeros en ello. Esas actividades representan una patente violación de los principios de derecho internacional aplicables a la utilización de los recursos naturales del Sáhara Occidental como Territorio no autónomo reconocido en virtud de la Carta de las Naciones Unidas.

El Territorio del Sáhara Occidental y las aguas frente a sus costas abundan en recursos naturales. Se estima que las reservas de fosfatos, incluidas las del yacimiento de BruCaa, contienen 1.130 millones de metros cúbicos de roca fosfática. Frente a la costa del Sáhara Occidental, que abarca 1.200 kilómetros, se encuentran algunas de las zonas pesqueras más ricas y productivas del mundo, y varios estudios geológicos indican que la plataforma continental del Sáhara Occidental guarda reservas importantes de petróleo y gas metano.

De conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, que contiene la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, los recursos naturales del Sáhara Occidental son patrimonio del pueblo saharaui. Toda actividad que prive al pueblo saharaui del derecho de disfrutar de la explotación de esos recursos y sus beneficios constituye una contravención del derecho internacional.

En ese contexto me permito señalar a su atención la explotación ilícita de que han sido objeto desde hace mucho tiempo los abundantes recursos fosfáticos del Territorio del Sáhara Occidental. La empresa marroquí PhosBruCaa de propiedad estatal, subsidiaria de la Office Chérifien des Phosphates, administra la mina de BruCaa en la región noroccidental del Territorio. Se estima que la mina produce aproximadamente 3 millones de toneladas de roca fosfática anualmente, cuyo valor de exportación asciende a miles de millones de dólares.

La Corte Internacional de Justicia estableció de manera inequívoca que no había “ningún vínculo de soberanía territorial entre el Sáhara Occidental, por una parte, y el Reino de Marruecos, por la otra” antes de la colonización española del territorio.

Además, el Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos y Asesor Jurídico de las Naciones Unidas confirmó, en una importante opinión jurídica presentada al Consejo de Seguridad en enero de 2002, que el llamado Acuerdo de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania “no transfirió la soberanía sobre el Territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de Potencia administradora”. Al no existir tales vínculos, es evidente que Marruecos no tiene autoridad legítima para explotar los recursos fosfáticos de la mina de BruCaa. En ese contexto, el Asesor Jurídico de las Naciones Unidas declaró en su opinión de 2002 que “las actividades de exploración y explotación, de seguir llevándose a cabo sin atender a los intereses y deseos del pueblo del Sáhara Occidental, infringirían los principios jurídicos internacionales aplicables a las actividades relacionadas con los recursos minerales en los Territorios no autónomos”.

Dada la claridad de las disposiciones jurídicas aplicables, no podemos menos que expresar nuestra consternación y grave inquietud por el constante saqueo de los recursos pesqueros marítimos del pueblo saharaui por barcos de pabellón marroquí e intereses pesqueros extranjeros. Quiero señalar a su atención especialmente las actividades pesqueras de barcos de pabellón de la Unión Europea en virtud del Acuerdo de Colaboración Pesquera entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecosde 2005 (Fisheries Partnership Agreement).

Según las condiciones en él especificadas, el Acuerdo presuntamente ofrece a los barcos de la Unión Europea la posibilidad de pescar en “aguas de la soberanía o jurisdicción del Reino de Marruecos”. Dado que no existen vínculos de soberanía entre Marruecos y el Sáhara Occidental, se infiere que las aguas frente a las costas del Sáhara Occidental no pueden ser y no son de la jurisdicción de Marruecos. Pese a esta realidad jurídica, el Acuerdo de Colaboración Pesquera nada dice sobre el límite meridional de su zona de aplicación, silencio que explotan ilícitamente la Unión Europea y Marruecos para permitir el acceso de barcos europeos a los recursos pesqueros frente a las costas del Sáhara Occidental. Por su complicidad en el saqueo de los recursos naturales del Sáhara Occidental, el Reino de Marruecos recibirá un monto total de más de 144 millones de euros.

El anterior Asesor Jurídico de las Naciones Unidas responsable de la opinión jurídica citada que se presentó al Consejo de Seguridad en 2002, el Embajador Hans Corell, confirmó recientemente que, al no establecer una distinción expresa entre las aguas de Marruecos y las del Sáhara Occidental, el Acuerdo de Colaboración Pesquera entre la Unión Europea y Marruecos entraña una patente violación del derecho internacional. Me permito señalar en ese contexto la reciente aprobación de la ley No. 03/2009 de 21 de enero de 2009 por la que se establecen las zonas marítimas de la República Democrática Árabe Saharaui, y que concede a la República una zona económica exclusiva de 200 millas náuticas, de conformidad con el derecho internacional. Con arreglo a esa ley, el Gobierno de la República Democrática Árabe Saharaui considera ilícita toda actividad relacionada con la exploración o explotación de los recursos marinos vivos y no vivos del Sáhara Occidental que se lleve a cabo sin su autorización expresa.

El Frente Polisario ha tenido conocimiento de que entidades del Reino de Maruecos han concertado acuerdos comerciales que presuntamente otorgan reconocimiento y derechos de explotación respecto del territorio del Sáhara Occidental y las zonas marítimas adyacentes a sus costas. Como se expresó claramente en la opinión ya mencionada del Asesor Jurídico de las Naciones Unidas presentada al Consejo de Seguridad en 2002 (S/2002/161), las actividades de exploración que se lleven a cabo sin atender a los intereses y deseos del pueblo del Sáhara Occidental infringen el derecho internacional. En nombre del pueblo saharaui, la Autoridad Petrolera de la República Democrática Árabe Saharaui ha manifestado de manera vehemente su protesta ante esas actividades.

Más recientemente, en enero de 2009, la Autoridad Petrolera de la República Democrática Árabe Saharaui envió cartas de protesta a la empresa Kosmos Energy LLC, con sede en los Estados Unidos y a sus contratistas técnicos basados en los Países Bajos y Noruega (Fugro NV y Fugro-Geoteam, respectivamente), en relación con las actividades de exploración realizadas mediante acuerdos con las autoridades marroquíes. Otras protestas semejantes en el pasado dieron lugar a que se retiraran del territorio del Sáhara Occidental las operaciones de la empresa TotalFinaElf S.A. con sede en Francia y de la Kerr-McGee Corporation con sede en los Estados Unidos. También es inquietante la información reciente de que la empresa San Leon Energy Plc, basada en Texas, y sus socios en una empresa conjunta (incluida Island Oil and Gas, una empresa internacional de petróleo y gas con sede en Irlanda), están negociando con el Office National des Hydrocarbures et des Mines de Marruecos una modificación de la presunta licencia de prospección en la zona de la Cuenca del Zag (en la parte septentrional del Sáhara Occidental) para convertirla en una licencia de explotación plena. Como estableció claramente el Asesor Jurídico de las Naciones Unidas en 2002, las actividades que se lleven a cabo en virtud de esa licencia constituirían una violación directa del derecho internacional.

Según reafirmó recientemente la Asamblea General en su resolución 63/102, de 18 de diciembre de 2008, el pueblo saharaui tiene el derecho exclusivo a explotar esos recursos naturales y a disponer de esos recursos como más le convenga.

Con el fin de asegurar que se respeten los derechos fundamentales del pueblo saharaui, exhortamos a todos los Estados Miembros para que, en consonancia con la resolución 63/102 de la Asamblea General, adopten “medidas legislativas, administrativas o de otra índole con respecto a sus nacionales y a las personas jurídicas bajo su jurisdicción que posean y exploten empresas en Territorios no Autónomos que sean perjudiciales para los habitantes de esos Territorios, a fin de poner término a las actividades de esas empresas”.

El Frente Polisario, como representante internacionalmente reconocido del pueblo saharaui, se reserva el derecho de recurrir a todos los medios disponibles, incluidas las vías jurídicas, para impedir toda actividad no autorizada relacionada con los recursos naturales del Sáhara Occidental y obtener reparación.

Consideramos que es responsabilidad de los Estados Miembros de las Naciones Unidas y, en particular, del Consejo de Seguridad, restablecer el respeto del derecho internacional y exigir que se ponga fin al saqueo ilegal de los recursos naturales que pertenecen al pueblo del Sáhara Occidental. Esta situación deplorable entorpece gravemente cualquier gestión de fomento de la confianza que pudiera contribuir al logro de una solución pacífica que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental.

Le agradecería que tuviera a bien señalar la presente carta a la atención de los miembros del Consejo de Seguridad.

Ahmed Boukhari
Representante del Frente Polisario